Fiscalización sin progresividad: La erosión silenciosa de los derechos del contribuyente
En la actualidad, el sistema tributario mexicano enfrenta un dilema estructural que va más allá de las tasas, tarifas o reglamentaciones técnicas: enfrenta una fractura ética e institucional en su vínculo con el contribuyente. Este quiebre no surge solo de prácticas indebidas de algunos, sino de una política fiscal que ha optado por fortalecer la fiscalización sin fortalecer proporcionalmente los derechos que deben equilibrar el ejercicio del poder tributario del Estado.
Durante años, el discurso recaudatorio ha girado en torno a la necesidad de combatir la evasión fiscal. Sin embargo, en ese intento, legítimo en sí mismo, se ha promovido una expansión de facultades tecnológicas, automatismos, fiscalización sistematizada y presunciones generalizadas, sin que exista un avance paralelo en el reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales del contribuyente.
El ejemplo más claro es la vigencia inalterada de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, una norma que, desde su publicación en 2005, no ha evolucionado pese al desarrollo jurisprudencial, económico y digital del entorno fiscal. ¿Cómo puede hablarse de progresividad constitucional cuando los marcos protectores del gobernado permanecen estáticos frente a una administración fiscal en constante expansión?
El tributo, como manifestación concreta del pacto social, debe nacer de un acto legítimo, no solo en sentido legal, sino también en clave ética. El principio de legalidad no puede desvincularse de otros ejes como el mínimo vital, la proporcionalidad, la no confiscatoriedad y la equidad. Pero más allá de esos estándares técnicos, el pago del tributo debe enmarcarse en el respeto a la dignidad humana, evitando que el sistema fiscal se convierta en una maquinaria que devora capacidad económica sin distinguir entre contribuyentes vulnerables y grandes defraudadores.
Hoy, la planeación fiscal, cuando se realiza conforme a la ley y con base en principios de justicia, representa una respuesta legítima del gobernado ante cargas tributarias que no siempre reflejan su realidad económica. Rechazarla por completo, y asociarla de forma automática con evasión, no solo es una postura simplista, sino también contraria al principio de buena fe que rige la relación jurídica tributaria.
El artículo 1 constitucional establece el principio de progresividad como rector de los derechos humanos. Ello implica una obligación para el legislador: ampliar paulatinamente el contenido y protección de los derechos fundamentales, incluyendo los derechos del contribuyente. Sin embargo, en la práctica, se ha invertido el sentido: se ha hecho progresiva la fiscalización y regresiva la garantía.
Este desequilibrio no solo es técnico, es estructural. No puede haber ética fiscal posible si el Estado presume mala fe, aplica modelos presuntivos sin audiencias previas, automatiza determinaciones y simultáneamente conserva un sistema de derechos congelado en el tiempo. El resultado es claro: un deterioro en la legitimidad del tributo, en el vínculo cívico y en la cohesión social.
México necesita un nuevo paradigma fiscal, uno que se fundamente en la confianza, la racionalidad y la justicia. La fiscalización es necesaria, sí, pero debe estar acompañada de una evolución normativa que reconozca y fortalezca los derechos del contribuyente. De lo contrario, la relación entre gobernado y Estado quedará marcada por la sospecha, la desproporción y la erosión silenciosa de la dignidad.
El reto no está solo en recaudar más, sino en recaudar mejor: respetando principios constitucionales, reconstruyendo el vínculo de legitimidad y apostando por una ética tributaria que no castigue al cumplimiento, sino que lo dignifique.
Por M.D.F. Julio César Tlatempa Pavón
Director Jurídico de Tlatempa y Asociados
“El sistema tributario no puede fortalecerse a costa de los derechos del contribuyente”
